{"id":2129,"date":"2026-06-16T20:49:52","date_gmt":"2026-06-16T20:49:52","guid":{"rendered":"https:\/\/casahierro.pe\/?p=2129"},"modified":"2026-06-16T21:09:59","modified_gmt":"2026-06-16T21:09:59","slug":"litigios-mayo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casahierro.pe\/en\/litigios-mayo\/","title":{"rendered":"Edici\u00f3n Mayo"},"content":{"rendered":"

NORMAS<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/h2>\n

LEY\u00a0<\/span>N.\u00b0<\/span>\u00a032595<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/h3>\n

Crean el Banco Nacional de Datos de Perfiles Gen\u00e9ticos como herramienta para fortalecer la investigaci\u00f3n criminal, la identificaci\u00f3n humana y la b\u00fasqueda de personas desaparecidas<\/h4>\n

La Ley\u00a0<\/span>\"\"N.\u00b0 32595 crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Gen\u00e9ticos (BNDPG) como una herramienta t\u00e9cnico-cient\u00edfica destinada a facilitar la identificaci\u00f3n humana mediante el uso de perfiles gen\u00e9ticos obtenidos del ADN no codificante, principalmente para fines de investigaci\u00f3n criminal y b\u00fasqueda de personas desaparecidas. La norma tiene como finalidad fortalecer la persecuci\u00f3n penal y contribuir al esclarecimiento de delitos, garantizando al\u00a0<\/span>mismo tiempo la protecci\u00f3n de los datos personales, la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas involucradas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

El BNDPG tendr\u00e1 car\u00e1cter reservado y ser\u00e1 administrado por un Consejo de Administraci\u00f3n bajo la Direcci\u00f3n de Criminal\u00edstica de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa. Asimismo, estar\u00e1 compuesto por distintos registros, entre ellos los correspondientes a v\u00edctimas, investigados y procesados, evidencias, personas privadas de libertad, servidores p\u00fablicos, perfiles remitidos por jurisdicciones extranjeras, as\u00ed como personas desaparecidas y sus familiares.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La ley tambi\u00e9n regula la toma de muestras biol\u00f3gicas, estableciendo que, por regla general, esta deber\u00e1 realizarse mediante procedimientos no invasivos. No obstante, ser\u00e1 obligatoria en el caso de investigados e internos penitenciarios, mientras que\u00a0en el caso de las\u00a0v\u00edctimas y personas que se incorporen voluntariamente al registro,\u00a0requerir\u00e1 consentimiento previo y escrito.<\/span><\/p>\n

Ley N.\u00b0 32617 fortalece la protecci\u00f3n de los derechos de ni\u00f1os y adolescentes con discapacidad<\/span><\/strong><\/h4>\n

El Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 la Ley N.\u00b0 32617, mediante la cual se modifican ciertas disposiciones del Nuevo C\u00f3digo de los Ni\u00f1os y Adolescentes con el prop\u00f3sito de adecuar su contenido a un enfoque de derechos humanos e inclusi\u00f3n. Entre los principales cambios, la norma sustituye expresiones que ya no responden a los est\u00e1ndares actuales de protecci\u00f3n, incorporando la denominaci\u00f3n \u201cni\u00f1os y adolescentes con discapacidad\u201d y reconociendo expresamente el ejercicio pleno de los derechos que les asisten conforme a la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o y la legislaci\u00f3n nacional.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la ley refuerza las obligaciones del Estado y de la sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades de este grupo en \u00e1mbitos como salud, educaci\u00f3n, deporte, cultura y capacitaci\u00f3n laboral, mediante la provisi\u00f3n de servicios y materiales adaptados a sus necesidades. De igual forma, se modifica el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo para precisar el derecho de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes a expresar libremente sus opiniones en todos los asuntos que les afecten, sin discriminaci\u00f3n y de acuerdo con su edad y grado de madurez, fortaleciendo as\u00ed los mecanismos de participaci\u00f3n y protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

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JURISPRUDENCIA<\/span><\/span><\/h2>\n

Casaci\u00f3n N.\u00b0 3446-2022 \u2013 Ica<\/span><\/strong><\/h3>\n

Corte Suprema precisa los requisitos para el reconocimiento de la uni\u00f3n de hecho<\/span><\/strong><\/h4>\n

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, mediante la Casaci\u00f3n N.\u00b0 3446-2022 \u2013 Ica, precis\u00f3 los elementos que deben concurrir para el reconocimiento judicial de una uni\u00f3n de hecho conforme al art\u00edculo 326 del C\u00f3digo Civil. El Tribunal se\u00f1al\u00f3 que esta instituci\u00f3n exige la coexistencia de cinco requisitos: (i) la uni\u00f3n voluntaria entre un var\u00f3n y una mujer, (ii) la inexistencia de impedimento matrimonial, (iii) una convivencia permanente y estable orientada a cumplir fines y deberes semejantes a los del matrimonio, (iv) una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os continuos y (v) que la relaci\u00f3n sea p\u00fablica y notoria frente a terceros. Asimismo, destac\u00f3 que la convivencia debe caracterizarse por la singularidad y exclusividad, excluy\u00e9ndose la existencia de relaciones paralelas o v\u00ednculos matrimoniales vigentes; incluyendose adem\u00e1s una referencia a la sentencia reca\u00edda en el Expediente N\u00b0 06572-2006-PA\/TC, en la cual se a\u00f1ade que la formaci\u00f3n de un hogar implica que la pareja comparta habitaci\u00f3n, lecho y techo, actuando en los hechos como c\u00f3nyuges.<\/p>\n

El pronunciamiento fue emitido en el marco de un proceso de reconocimiento de uni\u00f3n de hecho en el que se alegaba una convivencia superior a cincuenta a\u00f1os. Al resolver el recurso de casaci\u00f3n, la Corte Suprema concluy\u00f3 que las instancias de m\u00e9rito no realizaron una valoraci\u00f3n conjunta e integral de los medios probatorios actuados, afectando el deber de motivaci\u00f3n de las resoluciones judiciales y el derecho al debido proceso.<\/p>\n

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Exp. N\u00b0 02031-2024-PHC\/TC<\/span><\/strong><\/h3>\n

El Tribunal Constitucional reconoce el derecho al cuidado de la persona adulta mayor con discapacidad<\/span><\/strong><\/h4>\n

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El Tribunal Constitucional reconoci\u00f3 el derecho al cuidado de la persona adulta mayor con discapacidad mental como un derecho fundamental derivado de la dignidad humana y de los art\u00edculos 4\u00b0 y 7\u00b0 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

En la sentencia, el TC precis\u00f3 que las medidas de cuidado deben respetar la condici\u00f3n de la persona como sujeto de derechos y no pueden traducirse en formas de aislamiento o separaci\u00f3n permanente de su entorno familiar y social.<\/p>\n

El caso se origin\u00f3 en un proceso de h\u00e1beas corpus en el que se cuestionaban determinadas condiciones de vida impuestas al beneficiario dentro de su domicilio, las cuales restring\u00edan indebidamente su libertad de tr\u00e1nsito y el contacto con sus familiares. El Tribunal se\u00f1al\u00f3 que las medidas de protecci\u00f3n o cuidado no pueden implicar restricciones desproporcionadas que afecten la dignidad, lA\u00a0libertad personal o la posibilidad de mantener v\u00ednculos afectivos y sociales.<\/p>\n

La sentencia establece criterios aplicables a controversias relacionadas con personas adultas mayores, discapacidad y relaciones de cuidado intrafamiliar, especialmente respecto de los l\u00edmites constitucionales de las medidas de protecci\u00f3n y asistencia familiar.<\/p>\n

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NOTICIAS<\/span><\/h2>\n

Poder Judicial resalta desde el Vaticano el fallo que reconoce al r\u00edo Mara\u00f1\u00f3n como sujeto de derechos<\/span><\/h4>\n

La presidenta del Poder Judicial del Per\u00fa, Janet Tello Gilardi, destac\u00f3 en un foro internacional celebrado en el Vaticano el papel que viene desempe\u00f1ando la judicatura peruana en la protecci\u00f3n del medio ambiente y la respuesta frente a los efectos del cambio clim\u00e1tico. Durante su intervenci\u00f3n, resalt\u00f3 diversos pronunciamientos judiciales que han contribuido a la tutela de derechos ambientales y colectivos, entre ellos la sentencia que reconoci\u00f3 al r\u00edo Mara\u00f1\u00f3n y sus afluentes como sujetos de derechos, as\u00ed como decisiones vinculadas a la protecci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas y la conservaci\u00f3n de ecosistemas estrat\u00e9gicos.<\/p>\n

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La magistrada se\u00f1al\u00f3 que, aunque el ordenamiento peruano no cuenta con una legislaci\u00f3n espec\u00edfica sobre resiliencia ambiental, existen diversas normas y criterios jurisprudenciales que permiten fortalecer una justicia ambiental orientada a la prevenci\u00f3n, reparaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de da\u00f1os. Asimismo, destac\u00f3 iniciativas institucionales impulsadas por el Poder Judicial, como la creaci\u00f3n de \u00f3rganos especializados, observatorios de jurisprudencia ambiental y mecanismos de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la incorporaci\u00f3n de est\u00e1ndares ambientales y clim\u00e1ticos en la funci\u00f3n jurisdiccional.<\/p>\n

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Lideran nuestro equipo de Litigios:<\/span><\/h2>\n

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